martes, 9 de febrero de 2016

BATIBURRILLO 2016.02.09


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BATIBURRILLO 2016.02.09




DICE:
 En el comité de dirección del PP, presidido por Mariano Rajoy, se ha hablado este lunes de la situación de Rita Barberá. Pero la charla no ha incluido ninguna petición a la senadora de que deje su acta ante los numerosos indicios de corrupción que han acabado con el grupo municipal que dirigía. A Pablo Casado le ha correspondido dar un paso más en la presión y dirigirle el mensaje de que sería bueno que diera explicaciones. Además, el vicesecretario ha hecho una petición confusa, la de que no presida la comisión constitucional del Senado, como hizo durante un mes en la anterior legislatura y se le había ofrecido continuar. Se da la circunstancia de que las comisiones de la Cámara Alta se empiezan a formar este martes.
"Probablemente lo más conveniente es que no presidiera la comisión. Sería positivo que no tenga esa responsabilidad en una legislatura en la que puede recibir propuestas muy importantes", ha avanzado Casado. Este miércoles está previsto una reunión del grupo parlamentario, pero no será presidida por Rajoy, según han explicado fuentes del PP.
Las preguntas sobre la situación de Barberá han centrado la rueda de prensa de Casado, que ha sufrido apuros para explicar por qué no deja el acta la afectada y que ha añadido la expresión "personalmente" para invitarla a dar explicaciones públicas más allá del comunicado en el que defendió su gestión. Además, ha asegurado que esta actitud "sería buena para ella y para el PP". En todo momento, Casado ha evitado trasladar a Barberá que renuncie a su acta de senadora por responsabilidad política. El vicesecretario ha llegado a negar que se le haya exigido que dé la cara: "No quiere decir que le hayamos exigido esas explicaciones, yo lo que digo es que nos parecería bien que las diera".

 Ciudadanos y PSOE mejorarían levemente sus expectativas electorales en caso de que se celebrasen nuevas elecciones. Así lo señala el barómetro de febrero, elaborado por Celeste-Tel para eldiario.es. El trabajo de campo del sondeo se ha realizado en los primeros cinco días de mes, por lo que recoge las opiniones de los encuestados con posterioridad a la decisión de Felipe VI de encargarle a Pedro Sánchez la formación de Gobierno.
Los cambios son mínimos con respecto a los resultados del 20D, pero significativos si se comparan con lo que apuntaban las primeras encuestas postelectorales. Si los primeros sondeos señalaban a Partido Popular y Podemos como virtuales beneficiarios de una repetición electoral, ahora esa posición de mejora señala a PSOE y Ciudadanos.
El Partido Popular repetiría como fuerza más votada con un 28,5% de los votos (lo que le aportaría entre 120 y 124 escaños). Con esos resultados, y pese a un descenso del cuatro décimas, los de Rajoy repetirían prácticamente la presencia en el Congreso que les ha otorgado la jornada electoral del 20D. El PP mantiene el 86,4% de sus votantes. Los que se van, apuestan por la abstención (7,6%) y por Ciudadanos (4,9%).
Los títeres de cachiporra son políticos de nacimiento y violentos por definición: son la proyección popular de la libertad contra la opresión. Se reconocen porque no son de cuerda sino de guante, y porque siempre pegan al poderoso, al rico, al policía, a la autoridad. Su tradición en Europa es centenaria; aquí se llaman de cachiporra pero en Francia son guiñoles, Pulcinella en Italia, Don Roberto en Portugal, Kaspar en Alemania y Polonia, Karagoöz en Turquía y en Inglaterra se llama Punch. Todos protagonizan una trama simple de fondo antiautoritario que resuelven a base de violencia, ingenio y pillerío.
Su poder contra el poder son el absurdo y la risa. Tienen colores y formas grotescas, con personajes robados de los cuentos populares infantiles y gastan bromas muy chuscas. Pero es todo una farsa diseñada para la denuncia, la radicalidad política. La infantilización de las formas es la estrategia que protege a los actores y a la compañía teatral de la censura y la persecución. Como hemos comprobado este fin de semana, con algunas autoridades no siempre funciona

 Lo que Manuela Carmena ha llamado  "rigor excesivo"; Pablo Iglesias lo ha comparado con  "meter en la cárcel a Darío Fo"; Alberto Garzón lo ha calificado de  "propio de una dictadura"; Ada Colau lo ha zanjado como que  "no es un delito"; y  cinco concejales de Ahora Madrid lo han tachado de "democracia limitada".
La reacción de la alcaldesa por el encarcelamiento de dos titiriteros en el Carnaval de Madrid por  "enaltecimiento del terrorismo" por una función en la que denunciaban los  "montajes policiales" y en la que un títere le daba a otro una pancarta de "Gora Alka-ETA" está generando malestar en Ahora Madrid.
Carmena, jueza de profesión, ha evitado, a diferencia de compañeros suyos del equipo de gobierno, las muestras de solidaridad con los encarcelados, expresar que puede estar vulnerándose la libertad de expresión y sentenciar que no puede haber delito en una obra satírica. Y eso supone marcar distancias con quienes esperaban que se manifestara en la misma línea que Ada Colau.
Una representación callejera de la compañía Títeres desde Abajo ha desencadenado en Madrid un espectáculo guiñolesco. En la pieza hay situaciones tan apropiadas para los niños —y los adultos— como una violación, forcejeos y muertes violentas, un juez ahorcado, policías apaleados... Y una pancarta, en la que se lee “Gora Alka-ETA”, que es lo que ha conducido a un juez de la Audiencia Nacional a decretar prisión provisional comunicada y sin fianza para los titiriteros, acusados de apología del terrorismo, que puede tener penas de uno a tres años de cárcel.
La programación en horario infantil de una obra con estos contenidos, aunque fueran presentados en clave satírica, ha llevado a Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, a calificar el episodio de “deleznable”, y a abrir una investigación para depurar responsabilidades. Los titiriteros se defienden diciendo que el cartel se usa para incriminar a un inocente y que no hay afán de defender terrorismo alguno.

Las constantes idas y venidas entre Berlín y Ankara muestran la importancia que Merkel da al país euroasiático para resolver esta crisis, de la que depende su supervivencia política. La líder alemana vuelve a Turquía solo cuatro meses después de su última visita. Y hace solo dos semanas que Davutoglu estuvo en Alemania. Junto a su colega turco, la canciller anunció la propuesta que los dos países presentarán a los ministros de Defensa de la OTAN el 10 y 11 de febrero.
“Hablaremos de la situación de Siria. Pero también abordaremos cómo la OTAN puede apoyar el trabajo de la misión europea Frontex y de la guardia costera turca”, dijo la canciller. “Turquía y Alemania recomendarán de forma conjunta a la OTAN que se comprometa para abordar las consecuencias del flujo de refugiados de Siria”, añadió Davutoglu. El primer ministro turco mencionó la posibilidad de que la Alianza pueda usar sus recursos “de observación y control” para vigilar las fronteras terrestres y del mar Egeo, por donde cientos de miles de personas cruzaron el año pasado de Turquía a Grecia.

El PSOE ha realizado una demostración de cintura política impensable hace unos días al lograr el visto bueno inicial de Podemos, Ciudadanos, Compromís e IU a la propuesta de programa de Gobierno con la que Pedro Sánchez busca los apoyos necesarios para ser investido presidente. Los socialistas salvaron los vetos cruzados entre las formaciones emergentes de Pablo Iglesias y Albert Rivera con una síntesis, de marcado contenido social, del programa electoral con el que concurrieron a las elecciones del 20-D. El PSOE no profundizó en cuestiones más espinosas, como la fiscal o la reforma federal.
La propuesta socialista, que incluye constantes guiños tanto a su izquierda (Podemos, Compromís e IU) como a su derecha (Ciudadanos), evidencia la estrategia que el PSOE adoptará las próximas semanas: anteponer las coincidencias o similitudes en los programas de las formaciones con las que ya está en conversaciones o pretende hacerlo a las diferencias, en principio insalvables, como el referéndum de autodeterminación que Podemos reclama en Cataluña o el contrato único que defiende Ciudadanos. Ya lo dijo Sánchez la semana pasada: “Pido a mi izquierda y derecha que nos fijemos en las cosas que nos unen, que son muchas”.

El presidente en funciones trata de evitar que cale el mensaje de que no hace nada porque prefiere ir a nuevas elecciones, un escenario donde, según las encuestas y como recordó este lunes el portavoz del partido, Pablo Casado, el PP volvería a ser el más votado, aunque quedaría aún lejos de la mayoría absoluta. Rajoy ya no tiene la agenda tan libre como la semana en que le llamó el falso Carles Puigdemont, y el PP confirmó este lunes dos citas en el marco de las negociaciones para intentar formar Gobierno: una con Pedro Sánchez y otra con Albert Rivera.
En el primer caso, no obstante, desde ambos partidos se admite que no se va a negociar nada porque sus posiciones siguen intactas: los populares no apoyarán la investidura de Sánchez y el PSOE votaría en contra de la permanencia de Rajoy al frente del Ejecutivo. Si han decidido verse, explican, es por “respeto” a los votantes del otro. De momento, no hay fecha. Sánchez sugirió mañana, pero ese día Rajoy tiene que ir al Senado, así que el líder del PP propone citarse el jueves, viernes, sábado o domingo. El presidente en funciones accede, en cualquier caso, a ir al Congreso, escenario de las negociaciones de Sánchez con el resto de partidos. Su último encuentro fue el pasado 23 de diciembre en La Moncloa, pero ahora es el líder socialista el que ha recibido el encargo del Rey de intentar formar Gobierno.

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lunes, 8 de febrero de 2016

BATIBURRILLO 2016.02.08




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BATIBURRILLO 2016.02.08 




DICE:

 El PSOE ha enviado un documento base sobre el que pretende trabajar con el resto de formaciones para intentar llegar a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Según han explicado fuentes socialistas, las medidas están basadas en el programa electoral con el que el partido concurrió a las elecciones del 20D y también en las conversaciones que el candidato mantuvo con las distintas formaciones la semana pasada como inicio de las negociaciones para intentar recabar apoyos para formar Gobierno.
Ferraz espera que Podemos retire "el veto" a Ciudadanos y se sume a ese diálogo, que continuará en los próximos días con el resto de grupos. Este lunes el equipo negociador del PSOE se reúne con el de IU-Unidad Popular, con los de Albert Rivera y con Compromís. Ciudadanos, con quien el PSOE mantuvo el viernes un segundo encuentro para abordar la "metodología" de las negociaciones, explicó que pretende que la negociación sea "ágil" y se produzcan reuniones con una periodicidad de dos o tres a la semana. La idea de los socialistas es que los distintos grupos realicen aportaciones a ese documento base que ha difundido esta mañana.

 Esta semana  se publicó la importante noticia de que la ONU se ha pronunciado, una vez más, a favor de proteger a los menores frente a la violencia de la tauromaquia. A través de su Comité de los Derechos del Niño, insta a Francia y a Perú a modificar sus legislaciones para que los menores no participen ni asistan a corridas de toros ni demás espectáculos taurinos. Ya se lo recomendó antes a Portugal, México y Colombia, y todo indica que lo hará a España cuando próximamente le toque ser revisada por la más alta organización internacional. La ONU pide expresamente prohibir el acceso de menores a esos festejos por la "violencia física y mental" que implican. Es lo que se entiende por protección de la infancia.
Hace unos días el matador Fran Rivera hizo circular una foto en la que toreaba a una becerra de muy corta edad con su hija de pocos meses en brazos. Aunque no se hiciera el hincapié debido en el hecho de que a la becerra, de muy corta edad, le corriera un chorro de sangre por el lomo, una sociedad cada vez más sensibilizada con los derechos de los niños consideró un escándalo la actuación del torero y las reacciones no se hicieron esperar: el matador acabó declarando ante un juez. Una inmensa mayoría coincidió en que la bebé Rivera no estaba siendo protegida por su padre de, por ejemplo, el riesgo de abrirse la cabeza si éste daba un traspiés, o de ser atacada, en defensa propia, por la otra víctima de la escena: la becerrita herida con premeditación y alevosía.

 La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento iniciará una investigación para depurar las responsabilidades tras la actuación de los títeres que ha acabado con dos de ellos en prisión preventiva por enaltecimiento del terrorismo. Carmena ha asegurado que puede haber responsabilidades tanto en el área de Cultura, que dirige la concejal Celia Mayer, como en los responsables del distrito de Tetuán.
En concreto, el Ayuntamiento investigará por qué no se conocía previamente el contenido de la obra por parte del área de Cultura. "Es un error muy grave y tiene que haber responsabilidades". En este sentido, aunque ha recalcado su apoyo a Mayer, ha apuntado que su continuidad no es segura: "Es muy importante que veamos si puede seguir, o si desea seguir".
En una rueda de prensa en el Ayuntamiento, Carmena ha pedido perdón a los padres en nombre del Consistorio por haber "estropeado" el Carnaval de Tetuán, un "error muy grave" tras el que se tomarán "las medidas necesarias". El contenido de esa actuación era "inaceptable, inadecuado y deleznable", ha añadido.

El oficio del titiritero tiende a la exageración como el oficio del juez debe tender a la mesura, un matiz gremial y conceptual que contradice la desproporción con que han sido tratados los sátiros del escándalo municipal.
Y no se trata de adherirse a la apología del nihilismo o de la anarquía, expuesta sin remilgos ante un atónito público impúber, sino de subordinar cualquier iracundia a los límites de la libertad de expresión, con más razón cuando el presunto delito de enaltecimiento del terrorismo no proviene de la naturaleza del espectáculo —ha quedado claro que la pancarta era un recurso narrativo que incriminaba a un poli corrupto—, sino de las interpretaciones que se han hecho posterior e interesadamente para identificar a Podemos como una fuerza del mal al acecho de nuestras garantías existenciales.

La robótica entrará en la era moderna con la misma fuerza con que lo hizo la máquina de vapor en la época preindustrial. Nanotecnologías, inteligencia artificial, drones e impresoras 3D modificarán la sociedad en todas sus dimensiones, y particularmente en el ámbito laboral. Así se planteó el futuro en el último Foro Económico Mundial de Davos, en el que se presentó un estudio que calculó que la llamada cuarta revolución industrial, posterior a la energía de vapor, la electricidad y la electrónica, acabará con más de 5 millones de puestos de trabajos en los 15 países más industrializados del mundo. Un panorama más gris que el Londres de principio del siglo XX, aunque con algunos matices.
Según el panorama que pintan expertos, analistas y economistas, en un primer momento, los trabajos manuales y los más repetitivos serán los que más sufrirán la llegada de los robots. Posteriormente, la inteligencia artificial convertirá en obsoletas muchas profesiones cualificadas de los servicios, aunque en este ámbito el sector tecnológico creará también nuevos empleos: 900.000 trabajos, según las estimaciones de la Unión Europea, que necesitarán empleados con altos conocimientos informáticos, habilidades comunicativas y versatilidad.
“A medio y largo plazo todas las revoluciones industriales y tecnológicas han generado empleo; es cierto que al principio puedan provocar víctimas y perdedores, pero a medio plazo estos cambios generan nuevos empleos, nuevas profesiones y un océano de oportunidades”, destaca Juan Manuel Rueda, director de recursos humanos de Movistar+, en un estudio sobre el Futuro del trabajo de Adecco.

El Gobierno ha empezado a recurrir a los tribunales de justicia para evitar responder a los ciudadanos que le solicitan información amparándose en la Ley de Transparencia, norma que él mismo impulsó y que entró en vigor en diciembre de 2014. La Abogacía del Estado ha presentado ya, en nombre de ministerios o de empresas públicas, cinco recursos contencioso-administrativos para no tener que dar información sobre gastos de RTVE y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ni sobre la contratación que realiza la empresa pública Tragsa. El más paradójico es el de Presidencia, ministerio que impulsó la ley, que pleitea para no tener que divulgar informes precisamente sobre el progreso del Gobierno en materia de transparencia.
La Ley de Transparencia permite a los ciudadanos solicitar información al Gobierno y fija en qué casos este debe responder y en qué plazo. Cuando la Administración deniega una petición o la respuesta que da no es satisfactoria, el ciudadano puede recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la ley. Generalmente los dictámenes de este organismo público son aceptados, tanto por el Gobierno como por el ciudadano. Sin embargo, la norma prevé la posibilidad de recurrir sus decisiones ante los tribunales. En contra de la previsión de las organizaciones que defienden la transparencia, no están siendo los solicitantes de información los que recurren, sino el Gobierno, y para evitar tener que divulgarla.

El Tribunal Militar Central ha dictado el sobreseimiento provisional del caso de las torturas en Irak, que se abrió a raíz de la difusión por EL PAÍS, el 17 de marzo de 2013, de un vídeo en el que varios legionarios pateaban a dos detenidos en el centro de detención de Base España, en Diwaniya (Irak), durante la ocupación del país. El tribunal ve indicios de delito, pero archiva la causa porque el fiscal así lo pide y no hay ninguna otra acusación.
En el vídeo de 40 segundos difundido por EL PAÍS se observa cómo cinco soldados españoles entran en la celda. Tres la emprenden a patadas con los dos prisioneros, mientras otros dos contemplan desde la puerta y un sexto graba la escena. Uno de ellos los patea con especial saña. En dos ocasiones parece a punto de marcharse, pero se vuelve para descargar toda la fuerza de su bota sobre los indefensos detenidos. “¡Jo! A este se lo han cargado ya”, se escucha decir a uno de los que miran.
El juzgado togado militar número 12 abrió diligencias por un presunto delito de malos tratos a prisioneros. El ascenso de uno de los militares imputados, legionarios o exlegionarios del Tercio de Ronda (Málaga) destinados en Irak en 2004, pasó la causa al juzgado militar central 2. Tras ocho meses de instrucción, el juez pidió el archivo del caso, pese a calificar los hechos de “infames, execrables e ignominiosos”, con el argumento de que no se había podido identificar a los maltratadores ni a sus víctimas.

En el PP son conscientes de que les ha llegado su momento de cambios internos, pero también de que siguen frenados. El liderazgo de Mariano Rajoy es aún indiscutible, porque nadie se atreve a cuestionarlo en público, pero bloquea las soluciones que empiezan a exigir los líderes territoriales: abrir el partido, primarias, eliminar aforamientos. Los dirigentes regionales buscan la renovación por su cuenta acuciados por las malas perspectivas electorales. Galicia, Euskadi y Valencia tendrán congresos extraordinarios; en Cataluña el relevo se ejecutó este fin de semana sin votación, y siguen provisionales los líderes en Baleares, Aragón y Madrid.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, son los encargados de lidiar cada semana con las demandas de sus dirigentes territoriales para que la maquinaria del partido se ponga en marcha y se empiecen a ejecutar los cambios necesarios para actualizar una organización que sigue funcionando como José María Aznar la refundó en 1989. Rajoy recogió la herencia, el poder y los métodos de trabajo, así como el estilo presidencialista.


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domingo, 7 de febrero de 2016

BATIBURRILLO 2016.02.07


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BATIBURRILLO 2016.02.07




DICE:
 Alberto Garzón ha doblado el brazo a Cayo Lara este sábado. El portavoz parlamentario de IU ha obligado a su coordinador federal a rebajar el tono con respecto a la federación gallega, Esquerda Unida (EU) y su partido hermano en Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa (EUiA). ¿Por qué? Porque Lara responsabilizaba a sus tres diputados en las confluencias –Yolanda Díaz (EU); Joan Mena (EUiA) y Fèlix Alonso (EUiA)– de que IU-UP se quede sin grupo en el Congreso.
El informe de Lara dejaba a sus tres diputados de las confluencias en el disparadero y les hacía responsables de las consecuencias del ERE que va a tener que llevar a cabo la organización por quedarse sin los dos millones del buzoneo que habría conseguido con grupo parlamentario.
Lara, de esta manera, situaba a la organización al borde del cisma, no ya con las organizaciones gallega y catalana, sino con aquellos dentro de IU que sí apuestan por la confluencia con Podemos y otras organizaciones; lo que algunos denominan "bloque de cambio".

"Es una operación que se ajusta a derecho. Es legal. Se ajusta a derecho y es legal". Ese era el mantra que repetía varias veces la exdirectora del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) el pasado 6 de noviembre en una comisión parlamentaria que investiga la corrupción política en Madrid. Ana Gomendio estaba al frente del instituto cuando el Gobierno de Ignacio González (PP) vendió 2.935 viviendas de protección al fondo Goldman-Sachs.
Justo al terminar su comparecencia, comenzó la de su predecesor en el cargo: Juan Van Halen. Sobre la subasta acertó a decir: "Fue una decisión que se tomó, y yo me dediqué a ejecutarla, a ponerla en marcha, de hecho; no a ejecutarla, a ponerla en marcha".
En ese 6 de noviembre, Gomendio había sido imputada judicialmente –ahora el término es investigada– por esta operación. Dos meses después, Van Halen corría la misma suerte y un juez de Instrucción de Madrid le ha citado para el 26 de febrero. Los dos responsables del Ivima que diseñaron y ejecutaron la venta de esas casas están implicados judicialmente. Las actas de aquella comparecencia parlamentaria –la Mesa de la Cámara dominada por el PP impidió que se tomaran imágenes in situ– desprenden que ambos altos cargos consideran que se limitaron a acatar órdenes.

 El Partido Popular quiere librarse de Rita Barberá y limitar al máximo su visibilidad pública. La exalcaldesa de Valencia será apartada de la presidencia de la comisión constitucional del Senado, cargo que ostentó la pasada legislatura. Se trata de una primera medida decisión contra Barberá adoptada directamente por Rajoy. El PP comunicará antes del día 9 el nombre de sus candidatos a la presidencia de comisiones. Barberá no estará en esa lista.
Al convertirse en una senadora rasa, Barberá perderá parte del sueldo que percibía por presidir una comisión. Su nómina bajará alrededor del 1.500 euros al mes. El efecto simbólico de la decisión es mucho más importante que el económico. El PP está enviando un mensaje claro: a Rita Barberá no se le darán más responsabilidades.   
"Es lógico que no se le de más visibilidad", afirma un miembro del comité de dirección del PP, consultado por eldiario.es. Con su su decisión de romper amarras, Rajoy pone fin a una relación muy estrecha y en la que se ha apoyado mucho cada vez que ha tenido problemas en Valencia.

 Al PSOE le esperan semanas intensas para intentar colocar a Pedro Sánchez en Moncloa en un plazo aproximado de un mes. Tras las primeras rondas de contactos con los grupos a los que ha priorizado por su esperanza de ser más proclives a un acuerdo, el equipo negociador de los socialistas retoma la actividad. Lejos de asumir las palabras de Pablo Iglesias, que les ha dado a elegir entre Podemos o Ciudadanos para negociar, el grupo dirigido por Antonio Hernando ya ha mantenido el primer encuentro con la formación naranja para fijar una metodología de trabajo para las próximas semanas.
¿En qué consistirá el método? El PSOE se ha comprometido con las demás formaciones a enviarles el lunes a las 10 de la mañana un documento base sobre el que empezar a trabajar. Aunque no ha revelado los contenidos mínimos de ese borrador, Hernando ha explicado que se trata de unos ejes que tienen su "génesis" en el programa electoral. Ciudadanos, por su parte, les ha hecho llegar un documento con lo que serían sus prioridades en la negociación.

¿La Unión Europea tiene por objeto buscar progresivamente una unión más estrecha de los pueblos de Europa, o no? ¿Se puede justificar que en un espacio único en el que las mercancías, los servicios y el dinero circulan sin ningún tipo de condición, los beneficios sociales, por el contrario, sean distintos en Reino Unido para un británico que, por ejemplo, para un español que reside allí? ¿Pueden los países que no son miembros de la moneda única bloquear decisiones de los organismos que regulan el euro? Estas son, básicamente, las preguntas que deben responder los jefes de Gobierno en el Consejo Europeo de los próximos 18 y 19 de febrero.
En España, como casi siempre, hay que empezar por el prólogo: ¿es razonable que un presidente del Gobierno en funciones, que tiene su capacidad acotada por ley a asuntos corrientes, asuma la representación del país para responder? Eso es lo que quiere Mariano Rajoy, dar cuenta al Parlamento español a su regreso. La experiencia demuestra que Rajoy, uno de los dos presidentes de Gobierno a los que con solo acercarles un dossier europeo les sale una erupción, suele firmar donde le piden sus asesores. Pero esta vez, las cosas son diferentes.

Tras días de advertencias, Corea del Norte ha lanzado este domingo un cohete de largo alcance, que asegura que pondrá un satélite en el espacio pero que otros países consideran una prueba encubierta de un misil balístico. En un anuncio televisado, la locutora de la televisión norcoreana Ri Chun Hui declaró que el lanzamiento ha sido un éxito y el satélite de observación Kwangmyongsong (“Estrella brillante”) ha quedado en órbita.
Se trata de la segunda ocasión en que Corea del Norte consigue lanzar un cohete de larga distancia, tras la prueba del cohete Unha-3 en abril de 2012. El éxito del lanzamiento le acerca un poco más a su meta de contar con misiles de larga distancia que le permitan alcanzar territorio de Estados Unidos, al que considera su gran enemigo.
El lanzamiento ocurre apenas un mes después de que el régimen norcoreano llevase a cabo su cuarto ensayo nuclear el 6 de enero, en el que aseguró que había detonado por primera vez una bomba de hidrógeno. Esa declaración ha sido puesta en entredicho por numerosos expertos, que consideran que la fuerza de la explosión no se corresponde con la de una bomba termonuclear.

La industria petrolera afronta una nueva realidad en la que cada dólar, cada libra o cada euro cuenta. Lejos queda ya la bonanza de hace 18 meses, cuando el barril de crudo se negociaba a más de 100 dólares a ambas orillas del Atlántico —un precio que ahora se ve imposible a medio plazo— y rara era la semana en la que no se anunciaba una operación corporativa o una nueva prospección millonaria. Hoy toca ajustarse el cinturón: si la recta final de 2015 fue compleja, los ejecutivos de la industria dan por hecho que este año tampoco habrá margen y eso les obliga a aprender a vivir por debajo de los 50 dólares.
El desplome del crudo y del gas natural ha asestado un serio revés a todos los grandes del sector petrolero, sin excepciones. “El exceso de crudo”, explicaba recientemente John Watson, consejero delegado de Chevron, “hace que los precios caigan y nuestros resultados financieros sufran”. En el caso de su compañía, la segunda energética de EE UU por ventas (122.570 millones de dólares o unos 110.000 millones de euros), tomó cuerpo en forma de primeras pérdidas trimestrales desde 2002. Aquel año, el petróleo cotizaba a solo 25 dólares por barril.

Las estrategias desplegadas por todos los partidos días después de que Pedro Sánchez recibiera el encargo del Rey de intentar formar Gobierno han comenzado a influir en el ánimo de los ciudadanos. Si bien se mantiene un escenario de bloqueo, aparecen matices. El PP sigue siendo el partido más votado, pero sufre un retroceso de casi cinco puntos respecto al 20-D. El PSOE dobla su distancia respecto a Podemos, y Ciudadanos ve recompensado su esfuerzo mediador.
De volverse a celebrar elecciones generales, cambiaría poco el orden de preferencia de los votantes, pero sí el volumen de apoyo de cada partido.

La llamada se producirá en cualquier momento pero la decisión no está tomada. El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, al haber recibido del Rey “el encargo constitucional”, como repite, de tratar de forjar una mayoría parlamentaria, quiere entrevistarse con el presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, para comunicárselo personalmente.
Pero no hay nada decidido, entre otras razones, porque Mariano Rajoy no ha dicho la última palabra aunque el sábado, en Barcelona y ante la junta directiva del PP, dio a entender que sí tiene pensado acudir a encontrarse con Pedro Sánchez si el líder del PSOE le llama como ha prometido esta semana. "Ahora parece que sí que quiere algo: le atenderé como se merece", dijo provocando las risas del auditorio. Fue tras señalar que durante estos 50 días desde las elecciones del 20-D le ha ofrecido hablar, encontrarse y charlar sobre su oferta de la gran coalición de amplia base parlamentaria con Ciudadanos y no ha obtenido ninguna respuesta.


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jueves, 4 de febrero de 2016

BATIBURRILLO 2016.02.04


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BATIBURRILLO 2016.02.04




DICE:
 El pasado mes de julio, durante la Conferencia Política, el PP planeaba aprobar al cabo de unos meses  un sistema de primarias para elegir a su candidato a presidente del Gobierno. La convocatoria de elecciones generales obligó a postergar la celebración de un congreso que ya lleva un año de retraso. La idea era que el nuevo método sirviera para elegir al siguiente aspirante a La Moncloa.
Ante la incertidumbre sobre quién será nuevo jefe del Ejecutivo y la exigencia de que todos los partidos mejoren su democracia interna, cada vez más voces en el PP demuestran su preocupación por ser los últimos en adoptarlo.  La segunda renuncia de Mariano Rajoy ante su imposibilidad de pactar un gobierno empieza a provocar nerviosismo en las filas conservadoras.

 Pedro Sánchez ha encontrado las primeras voces favorables a un acuerdo en el ámbito más cercano a Podemos. Alberto Garzón y Mónica Oltra han sido de los primeros en reunirse con el líder socialista en la búsqueda de ese acuerdo. Tras los primeros contactos, los responsables de IU y Compromís han salido ante los periodistas para reclamar la construcción de un acuerdo que se base en un programa común. Frente a ellos está Podemos que no atraviesa el mejor momento de sintonía con los socialistas. Pablo Iglesias acusó a Sánchez de vender ante el rey un acuerdo imposible, en referencia a la participación de Ciudadanos en la alianza. Para IU y Compromís, ese no es el problema.
Mientras Sánchez lideraba las primeras reuniones tras el encargo del rey, Podemos y el PP encontraban sintonía en la cuestión de los plazos. Ambas formaciones se han manifestado en contra de los planes del PSOE de dedicar un mes para negociar y piden más celeridad. A Sánchez se le ha preguntado si esa postura de Iglesias significa que dan el pacto por perdido o es que lo ven muy fácil. El del PSOE se ha mostrado negociador al afirmar: "Tiendo a ser bien pensado".

La trama del 3% vinculada al PP valenciano desmantelada en la Operación Taula actuó en la campaña de las elecciones europeas de 2014. Según los indicios que tienen ante sí los investigadores, una de las empresas de autobuses que llevó militantes populares para llenar el acto central en Valencia, celebrado en el edificio de L’Àgora de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, negoció simultáneamente el traslado de afiliados en autocares y la facturación de una mordida del 3%, el porcentaje que con más frecuencia exigía la red.
El encargado de tratar los detalles fue, según estos indicios, Juan José Medina, que era director de campaña del PP provincial y vicepresidente de la Diputación de Valencia. Medina fue uno de los 24 detenidos la semana pasada, cuando el juez Víctor Gómez lanzó la Operación Taula, investigada por la Guardia Civil y la Fiscalía. El juez impuso a Medina una fianza civil de un millón de euros tras rechazar la petición de prisión provisional realizada por el ministerio público.

Seguramente alguno de ellos te suene. Tal vez te hayan entrado por un oído y te hayan salido por el otro. Pero no por ello dejan de ser costumbres erróneas que conviene ir cambiando. Algunas las realizamos de cuando en cuando, como ponerse el ordenador sobre el regazo (con la mala postura que conlleva), reusar contraseñas (un riesgo de seguridad innecesario) o usar el móvil en la mesa (por mucha confianza que tengas con los comensales sigue siendo de mala educación).
Pero los siguientes cinco malos hábitos tecnológicos tienen más delito, porque los realizamos a diario:


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miércoles, 3 de febrero de 2016

BATIBURRILLO 2016.02.03



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BATIBURRILLO 2016.02.03


 

DICE:
 La imagen de Rita Barberá, escondida detrás del visillo, mirando furtivamente desde la ventana de su casa para ver quién esta en la calle a la que ya no se atreve a salir, refleja de manera gráfica el hundimiento del PP.
El parque temático de la corrupción en la Comunidad Valenciana ha agotado hasta el banquillo. En el banquillo de los imputados están los titulares de cargos públicos y están incluso algunos reservas, gentes que no fueron elegidos en las listas y que también están implicados. Han conseguido el récord en el PP de Valencia: están investigados los titulares, los reservas, los familiares, las parejas de los imputados…
Ahora, el juez cita a todos los concejales de Valencia, a todos menos a la jefa Rita, que se ha hecho un senado. Ahora se disuelve la dirección entera del partido, se pone en cuarentena al grupo municipal mientras la hermana de Rita, Asunción, dice: "Nos hemos pasado"; se refiere a eso de enviar a toda la militancia a blanquear dinero por los comercios de la ciudad. Dice "nos hemos pasado" con el blanqueo de dinero en una conversación telefónica pinchada por la Guardia Civil y revelada por El Mundo.
La hermana de Rita, jefa de la barraca de la jefa, casada con el abogado de la jefa, José María Corbín, que dan trabajo a sus hijos, sobrinos de Rita, que el PP siempre ha sido muy de defender la familia.
 Pedro Gómez de la Serna ha decidido que nadie sepa cuánto dinero tiene en su poder. El exdiputado del PP presentó el 12 de enero una declaración de bienes ante el Congreso que no aclara gran cosa. Ese documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, no despeja una de las preguntas fundamentales que intenta responder la investigación abierta por la Audiencia Nacional: ¿cuánto dinero tiene?
En el documento presentado ante el Congreso, De la Serna deja en blanco el apartado dedicado a los depósitos en cuentas corrientes. Fuentes del Congreso consultadas por eldiario.es señalan que no es posible sancionar al diputado por ocultar datos a la Cámara. Al igual que él,  muchos otros antes han evitado dar detalles e información sobre su situación patrimonial.
 Habrá que esperar para ver a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sentados en la misma mesa negociando un acuerdo de Gobierno. El PSOE ha decidido iniciar una primera ronda de contactos a la que están invitados todos los grupos con representación parlamentaria. El orden de llamada será de menor a mayor, por lo que Podemos queda casi al final, solo antes del Partido Popular. La primera en ser llamada al acuerdo será Ana Oramas, de Coalición Canaria.
En el entorno de la izquierda, Alberto Garzón será el primero en reunirse con el equipo negociador del PSOE. Antes incluso de la cita con Iglesias, el candidato tendrá que sentarse con Albert Rivera. 
Pedro Sánchez se da un mes para dibujar un escenario de acuerdos que le permitan ser presidente en una sesión de investidura
La lista de contratos otorgados por el Ayuntamiento de Madrid a empresas vinculadas a la trama Púnica, durante los mandatos de Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón, no está cerrada. "Cabe la posibilidad de que, a medida que avance la investigación, se añadan más contratos y empresas", ha resaltado este martes el Consistorio, después de publicarse un primer informe de la Subdirección General de Auditoría de Cuentas que incluye 48 expedientes por valor de 32,4 millones de euros que la administración local adjudicó a siete sociedades investigadas por la Audiencia Nacional por su vinculación con la red de corrupción ligada al PP.
La dirección del Partido Popular en la Comunidad Valenciana (PPCV) opina que tienen que cambiar para evitar convertirse en una formación “residual”. La presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, y los tres dirigentes provinciales propondrán a Génova la refundación del partido para acabar con la corrupción y la “mala imagen” que está proyectando. “Madrid no tiene alternativa. O lo aceptan o nos vamos”, amenazó ayer la cúpula del PP valenciano, que piensa que la exalcadesa de Valencia, Rita Barberá, ahora senadora, debería dimitir.
La confianza del consumidor cayó 8,3 puntos el pasado mes de enero en relación al mes anterior. Según el índice que elabora el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), se situó en 99,1 puntos, frente a los 107,4 puntos de diciembre. Aunque si se compara el índice con el año anterior en enero se sitúa solo medio punto por debajo, se trata de la mayor bajada que se produce de golpe en un solo mes desde 2012.
Bárcenas ha llegado a los juzgados alrededor de las nueve y media de la mañana. El extesorero se encuentra personado en el caso y ejercerá acciones contra la tesorera del PP, el asesor jurídico y María Dolores Cospedal, secretaria general del partido, según fuentes próximas al antiguo tesorero. No actuará ni contra el PP como partido, ni señalará a su líder, Mariano Rajoy.
Lo lógico era que Mariano Rajoy hubiera dado ese paso como cabeza de la fuerza más votada. No haberlo hecho supone la segunda negativa de facto a someterse a la investidura tras el rechazo que el presidente en funciones ya expresó a la propuesta del Rey en la primera ronda: una actitud que mantenía a las instituciones en estado de bloqueo. Era indispensable romperlo por algún sitio, tanto para abrir la vía que inicia la constitución de un Gobierno como para que empiecen a cumplirse los trámites que lleven a la repetición de las elecciones, en el indeseable supuesto de que no haya otro remedio. El ofrecimiento de Sánchez permite el desbloqueo de los mecanismos constitucionales.
Rajoy responsabiliza al líder del PSOE de su propia situación, por considerar indispensable el concurso de los socialistas en el proyecto tripartito PP-PSOE-Ciudadanos que él defiende. Pero la política y los pactos se hacen entre personas de carne y hueso, y no únicamente a través de grandes enunciados genéricos. Rajoy gobierna un partido que se encuentra afectado por graves casos de corrupción, lo cual representa un hándicap importante a la hora de reclamar apoyos externos. Y además, el presidente en funciones no se ha ocupado de crear la suficiente confianza personal como para sostener buenas relaciones con los dirigentes de las fuerzas a las que requiere para pactar. El líder del PP tiene una idea excesivamente pragmática de los pactos como mero pago de una factura a cambio de apoyos para la investidura. Falla en esta forma de ver las cosas lo fundamental de una alianza, que es la confianza mutua y el respeto a los electores de otros partidos.
La formación de una mayoría parlamentaria pasa necesariamente por acuerdos heterogéneos. Este es el primer banco de prueba en el que se va a medir la talla política de Sánchez. Cuenta con una oferta para compartir un Gobierno de coalición por parte de Podemos, que tampoco ha hecho nada por crear relaciones de confianza, y además levanta ampollas en el seno del propio Partido Socialista; y con la disposición a hablar por parte de Ciudadanos.


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