GAS
Y ELECTRICIDAD, QUE NO PARE LA FIESTA.
Recientemente
hemos tenido noticia de que el gobierno del señor Sánchez ha
decidido un llamado bono social, o algo parecido, que consiste en que
se pague parte de la factura del consumo de gas y/o electricidad a
aquellas personas que demuestren que no pueden pagar lo que gastan,
si cumplen determinadas condiciones.
De
entrada parecería que la parte “progre”, para entendernos,
debería de estar conforme con la decisión; al fin al cabo se
trata de ayudar a pagar servicios esenciales a los que no pueden
pagarlo.
Pero
lo que sucede es que los que sí que podemos pagar la tarifa que han
decidido aplicarnos, vamos a pagar nuestro consumo y parte del
consumo de los que demuestran que no pueden pagarlo, y esto hay que
analizarlo con cierto detenimiento.
Resulta
que antes de la privatización de las empresas eléctricas, parte del
servicio de electricidad era servido por la empresa pública, y
cuando se produjo la privatización se nos intentó vender la misma
diciendo que así, introduciendo mayor competencia se rebajaría el
precio del servicio. Bueno, ya sabemos lo que ha pasado, no es
necesario comentario alguno. El precio es de oligopolio, no hay
mercado, y tenemos la energía de las más caras de la UE. Todo un
éxito del mercado libre.
Ahora
resulta que la elevación desmesurada del precio de los servicios de
gas y electricidad hace que muchas personas no estén en condiciones
de pagar su consumo, y el gobierno ha decidido que los que sí que
pueden pagarlo, paguen el suyo y parte del que hacen aquellos que no
pueden hacerlo, a través de un gasto de transferencia, con cargo a
los presupuestos, vamos.
El
caso es que las tarifas de las empresas de gas y electricidad, suben
y suben y suben, sin control, mediante una fijación de precios que
es una trampa mayúscula, lo que hace que mucha gente tenga
dificultades para pagar lo que consumen y lo que decide la
administración es que ese pago que ellos no pueden hacer caiga sobre
los hombros de la gente que si que puede pagar, en lugar de obligar a
fijar la tarifa de manera racional, o a bajar el precio del servicio
a las empresas privadas que lo prestan, con lo que las empresas no
ven afectado su margen de beneficio, ni la manera tramposa de fijar
el precio, y la gente ha de pagar a las eléctricas su consumo y
parte del consumo de la gente que no puede pagar lo que compra.
Visto
desde este punto de vista, la cuestión es verdaderamente mágica:
para que las empresas no vean reducido su margen de beneficio se me
obliga a pagar mi consumo y el de quienes no pueden pagar el suyo.
¿
No hay realmente otra forma más justa de hacerlo ?