LA LENGUA DE LA ENSEÑANZA
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Durante mucho tiempo me pareció normal que, en cuanto al idioma de la enseñanza, es decir, en qué idioma ha de enseñarse el bachillerato y otros saberes generales que constituyen la instrucción básica, ignoro si se sigue llamando así, bachillerato, yo si lo llamo así y creo que todos me entienden, aunque a algunos les pueda parecer un SANSÓN CARRASCO, que la decisión la tomara el poder público. Era en un lejano tiempo pasado en el que aún se tenía cierta confianza en él.
Ya puestos en aceptar que esa decisión la tomara el poder público se entraba inevitablemente en el ámbito de las negociaciones políticas entre los que tenían alguna competencia en la materia, lo que, al menos entre nosotros, acarrea fatalmente inestabilidad en un asunto tan esencial.
Así va resultando que la lengua de la enseñanza, en algunos lugares de ESPAÑA en que puede no ser el castellano se va modificando, o intentando modificar, en función del poder real y variable más o menos intenso que tengan los diversos poderes formales que quieren entender del asunto. Cundo esos podres públicos no se ponen de acuerdo, que es lo más habitual, el que puede cambia la Ley aplicable y obliga al otro a hacer lo que no quiere, aunque por su ámbito territorial y por la competencia material tenga la facultad de decidir el asunto, en nuestro caso en qué idioma se estudia. Entonces, como en ESPAÑA, en expresión acertada de ADOLFO SUÁREZ, hemos JUDICIALIZADO LA POLÍTICA, puede producirse y de hecho es lo normal que se produzca, el recurso al poder judicial.
Y, como se ve, entre poderes anda el juego; de poder a poder, y al final pueden decidir los tribunales, un poder más.
Pero lo notable es que el poder ha decidido que este asunto lo va a decidir el poder, que es un asunto entre poderes, no obstante afectar a la vida de la gente de manera muy directa; es decir que los padres no pueden decidir la lengua en que se enseña a sus hijos y para que este contradios no lo parezca, el poder ha decidido porcentualizar el asunto, llegando a la conclusión arbitraria de que es un tanto por ciento lo que hay que enseñar en castellano.
Esto de que el poder decida el porcentaje de lengua que cumple con nosesabequé y que garantiza un ustedsabrá es muy poco aceptable desde el punto de vista de los derechos de los padres, que quedan de hecho al albur de la lucha política de los partidos, que son los que deciden.
Pues bien, lo que no entiendo es cómo esos padres no ponen el grito en el cielo, aunque no les oyera, que sí que lo hará ( decía UNAMUNO, pero no está comprobado), por el hecho de que no sea a ellos a los que se reconoce el derecho de decidir en qué lengua se enseña a sus hijos.
No comprendo cómo esta facultad tan substancial han aceptado los padres y siguen aceptando, que quede en manos del variable e indefendible cambalache político.
¿
LOS PADRES NO TIENEN NADA QUE DECIR, SOBRE ESTE ASUNTO TAN
FUNDAMENTAL, AUNQUE NO LES AFECTE A ELLOS, POR EL LUGAR EN QUE VIVIEN ?
PUES SI NO TIENEN NADA QUE DECIR Y GRITAR ALTO, PEOR PARA ELLOS Y SUS HIJOS.
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