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BATIBURRILLO 2016.02.08
DICE:
El PSOE ha enviado un documento base sobre el que pretende trabajar con el resto de formaciones para intentar llegar a un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. Según han explicado fuentes socialistas, las medidas están basadas en el programa electoral con el que el partido concurrió a las elecciones del 20D y también en las conversaciones que el candidato mantuvo con las distintas formaciones la semana pasada como inicio de las negociaciones para intentar recabar apoyos para formar Gobierno.
Ferraz espera que Podemos retire "el veto" a Ciudadanos y se sume a ese diálogo, que continuará en los próximos días con el resto de grupos. Este lunes el equipo negociador del PSOE se reúne con el de IU-Unidad Popular, con los de Albert Rivera y con Compromís. Ciudadanos, con quien el PSOE mantuvo el viernes un segundo encuentro para abordar la "metodología" de las negociaciones, explicó que pretende que la negociación sea "ágil" y se produzcan reuniones con una periodicidad de dos o tres a la semana. La idea de los socialistas es que los distintos grupos realicen aportaciones a ese documento base que ha difundido esta mañana.
Esta semana se publicó la importante noticia de que la ONU se ha pronunciado, una vez más, a favor de proteger a los menores frente a la violencia de la tauromaquia. A través de su Comité de los Derechos del Niño, insta a Francia y a Perú a modificar sus legislaciones para que los menores no participen ni asistan a corridas de toros ni demás espectáculos taurinos. Ya se lo recomendó antes a Portugal, México y Colombia, y todo indica que lo hará a España cuando próximamente le toque ser revisada por la más alta organización internacional. La ONU pide expresamente prohibir el acceso de menores a esos festejos por la "violencia física y mental" que implican. Es lo que se entiende por protección de la infancia.
Hace unos días el matador Fran Rivera hizo circular una foto en la que toreaba a una becerra de muy corta edad con su hija de pocos meses en brazos. Aunque no se hiciera el hincapié debido en el hecho de que a la becerra, de muy corta edad, le corriera un chorro de sangre por el lomo, una sociedad cada vez más sensibilizada con los derechos de los niños consideró un escándalo la actuación del torero y las reacciones no se hicieron esperar: el matador acabó declarando ante un juez. Una inmensa mayoría coincidió en que la bebé Rivera no estaba siendo protegida por su padre de, por ejemplo, el riesgo de abrirse la cabeza si éste daba un traspiés, o de ser atacada, en defensa propia, por la otra víctima de la escena: la becerrita herida con premeditación y alevosía.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento iniciará una investigación para depurar las responsabilidades tras la actuación de los títeres que ha acabado con dos de ellos en prisión preventiva por enaltecimiento del terrorismo. Carmena ha asegurado que puede haber responsabilidades tanto en el área de Cultura, que dirige la concejal Celia Mayer, como en los responsables del distrito de Tetuán.
En concreto, el Ayuntamiento investigará por qué no se conocía previamente el contenido de la obra por parte del área de Cultura. "Es un error muy grave y tiene que haber responsabilidades". En este sentido, aunque ha recalcado su apoyo a Mayer, ha apuntado que su continuidad no es segura: "Es muy importante que veamos si puede seguir, o si desea seguir".
En una rueda de prensa en el Ayuntamiento, Carmena ha pedido perdón a los padres en nombre del Consistorio por haber "estropeado" el Carnaval de Tetuán, un "error muy grave" tras el que se tomarán "las medidas necesarias". El contenido de esa actuación era "inaceptable, inadecuado y deleznable", ha añadido.
El oficio del titiritero tiende a la exageración como el oficio del juez debe tender a la mesura, un matiz gremial y conceptual que contradice la desproporción con que han sido tratados los sátiros del escándalo municipal.
Y no se trata de adherirse a la apología del nihilismo o de la anarquía, expuesta sin remilgos ante un atónito público impúber, sino de subordinar cualquier iracundia a los límites de la libertad de expresión, con más razón cuando el presunto delito de enaltecimiento del terrorismo no proviene de la naturaleza del espectáculo —ha quedado claro que la pancarta era un recurso narrativo que incriminaba a un poli corrupto—, sino de las interpretaciones que se han hecho posterior e interesadamente para identificar a Podemos como una fuerza del mal al acecho de nuestras garantías existenciales.
La robótica entrará en la era moderna con la misma fuerza con que lo hizo la máquina de vapor en la época preindustrial. Nanotecnologías, inteligencia artificial, drones e impresoras 3D modificarán la sociedad en todas sus dimensiones, y particularmente en el ámbito laboral. Así se planteó el futuro en el último Foro Económico Mundial de Davos, en el que se presentó un estudio que calculó que la llamada cuarta revolución industrial, posterior a la energía de vapor, la electricidad y la electrónica, acabará con más de 5 millones de puestos de trabajos en los 15 países más industrializados del mundo. Un panorama más gris que el Londres de principio del siglo XX, aunque con algunos matices.
Según el panorama que pintan expertos, analistas y economistas, en un primer momento, los trabajos manuales y los más repetitivos serán los que más sufrirán la llegada de los robots. Posteriormente, la inteligencia artificial convertirá en obsoletas muchas profesiones cualificadas de los servicios, aunque en este ámbito el sector tecnológico creará también nuevos empleos: 900.000 trabajos, según las estimaciones de la Unión Europea, que necesitarán empleados con altos conocimientos informáticos, habilidades comunicativas y versatilidad.
“A medio y largo plazo todas las revoluciones industriales y tecnológicas han generado empleo; es cierto que al principio puedan provocar víctimas y perdedores, pero a medio plazo estos cambios generan nuevos empleos, nuevas profesiones y un océano de oportunidades”, destaca Juan Manuel Rueda, director de recursos humanos de Movistar+, en un estudio sobre el Futuro del trabajo de Adecco.
El Gobierno ha empezado a recurrir a los tribunales de justicia para evitar responder a los ciudadanos que le solicitan información amparándose en la Ley de Transparencia, norma que él mismo impulsó y que entró en vigor en diciembre de 2014. La Abogacía del Estado ha presentado ya, en nombre de ministerios o de empresas públicas, cinco recursos contencioso-administrativos para no tener que dar información sobre gastos de RTVE y la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ni sobre la contratación que realiza la empresa pública Tragsa. El más paradójico es el de Presidencia, ministerio que impulsó la ley, que pleitea para no tener que divulgar informes precisamente sobre el progreso del Gobierno en materia de transparencia.
La Ley de Transparencia permite a los ciudadanos solicitar información al Gobierno y fija en qué casos este debe responder y en qué plazo. Cuando la Administración deniega una petición o la respuesta que da no es satisfactoria, el ciudadano puede recurrir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de la ley. Generalmente los dictámenes de este organismo público son aceptados, tanto por el Gobierno como por el ciudadano. Sin embargo, la norma prevé la posibilidad de recurrir sus decisiones ante los tribunales. En contra de la previsión de las organizaciones que defienden la transparencia, no están siendo los solicitantes de información los que recurren, sino el Gobierno, y para evitar tener que divulgarla.
El Tribunal Militar Central ha dictado el sobreseimiento provisional del caso de las torturas en Irak, que se abrió a raíz de la difusión por EL PAÍS, el 17 de marzo de 2013, de un vídeo en el que varios legionarios pateaban a dos detenidos en el centro de detención de Base España, en Diwaniya (Irak), durante la ocupación del país. El tribunal ve indicios de delito, pero archiva la causa porque el fiscal así lo pide y no hay ninguna otra acusación.
En el vídeo de 40 segundos difundido por EL PAÍS se observa cómo cinco soldados españoles entran en la celda. Tres la emprenden a patadas con los dos prisioneros, mientras otros dos contemplan desde la puerta y un sexto graba la escena. Uno de ellos los patea con especial saña. En dos ocasiones parece a punto de marcharse, pero se vuelve para descargar toda la fuerza de su bota sobre los indefensos detenidos. “¡Jo! A este se lo han cargado ya”, se escucha decir a uno de los que miran.
El juzgado togado militar número 12 abrió diligencias por un presunto delito de malos tratos a prisioneros. El ascenso de uno de los militares imputados, legionarios o exlegionarios del Tercio de Ronda (Málaga) destinados en Irak en 2004, pasó la causa al juzgado militar central 2. Tras ocho meses de instrucción, el juez pidió el archivo del caso, pese a calificar los hechos de “infames, execrables e ignominiosos”, con el argumento de que no se había podido identificar a los maltratadores ni a sus víctimas.
En el PP son conscientes de que les ha llegado su momento de cambios internos, pero también de que siguen frenados. El liderazgo de Mariano Rajoy es aún indiscutible, porque nadie se atreve a cuestionarlo en público, pero bloquea las soluciones que empiezan a exigir los líderes territoriales: abrir el partido, primarias, eliminar aforamientos. Los dirigentes regionales buscan la renovación por su cuenta acuciados por las malas perspectivas electorales. Galicia, Euskadi y Valencia tendrán congresos extraordinarios; en Cataluña el relevo se ejecutó este fin de semana sin votación, y siguen provisionales los líderes en Baleares, Aragón y Madrid.
La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y el vicesecretario de Organización, Fernando Martínez-Maillo, son los encargados de lidiar cada semana con las demandas de sus dirigentes territoriales para que la maquinaria del partido se ponga en marcha y se empiecen a ejecutar los cambios necesarios para actualizar una organización que sigue funcionando como José María Aznar la refundó en 1989. Rajoy recogió la herencia, el poder y los métodos de trabajo, así como el estilo presidencialista.
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