viernes, 13 de noviembre de 2015

LIBERTAD DE PRENSA EN ESPAÑA, SEGÚN EL MUNDO EXTERIOR





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Periódicos españoles luchan para sobrevivir a las presiones económicas y políticas

Por RAPHAEL MINDER

http://www.nytimes.com/2015/11/06/universal/es/periodicos-espanoles-luchan-para-sobrevivir-a-las-presiones-economicas-y-politicas.html?rref=collection%2Fcolumn%2Fnyt-america&action=click&contentCollection=undefined&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=8&pgtype=collection&_r=0


MADRID — En casi todo el mundo, los periódicos han tenido dificultades para ajustarse a la tecnología digital y a la disminución de sus ingresos de publicidad.

Pero en España, la rápida reestructuración de una industria en contracción (en siete años más de once mil periodistas han perdido su trabajo), también ha suscitado inquietudes de que los periódicos tradicionales hayan perdido su independencia en medio de la creciente presión financiera.

Aquí, la industria se ha enfrentado a una tormenta perfecta: enormes deudas y la firmeza del gobierno conservador de Mariano Rajoy y su Partido Popular, que ha reaccionado agresivamente a las críticas.

Este año el gobierno de Rajoy fue atacado por sus oponentes tras aprobar una llamada “ley mordaza”, que impone duras multas por protestas políticas no autorizadas y por publicar videos aficionados de policías, entre otras cosas. El jueves pasado, un grupo internacional de observadores de medios publicó un reporte conjunto el en que expresaba su preocupación por la libertad de medios en España y llamaba a derogar la ley y aflojar el control del gobierno sobre la difusora nacional.

Pero son presiones más discretas las que también han generado preocupación por la libre expresión en España y en particular la pregunta de si los periódicos tradicionales, otrora los más influyentes del país, ya fueron metidos en cintura.

Muchos afirman que la poderosa combinación de presiones gubernamentales y financieras ha minado la capacidad de los periódicos de cubrir una gran variedad de conflictos de interés, justo cuando se multiplican los escándalos financieros y políticos que estallaron con la crisis de la deuda española.

“Los periódicos están en manos de sus acreedores y también en las del gobierno, quien ha convencido a los acreedores que los periódicos deben mantenerse vivos en lugar de asfixiarlos bajo sus deudas”, observa Miguel Ángel Aguilar, un veterano periodista español que fundó su propia publicación, Ahora, en septiembre.

“Ésta es una situación de dependencia que le ha causado un daño terrible a la credibilidad de los medios en el país”, afirmó.

Si bien muchos periodistas como él están compitiendo con la vieja guardia con nuevas publicaciones independientes en línea, cuya cobertura suele ser mucho más agresiva, ellos mismos reconocen que su efecto, hasta ahora, ha sido limitado.

“Aunque nosotros tengamos la primicia, todavía no es lo mismo a que esté en la tapa de todos los periódicos”, dijo Ignacio Escolar, director de eldiario.es, publicación en línea que fue creada en 2012 y tiene 13.000 suscriptores.


Buena parte de la deuda de los principales periódicos se debe a inversiones que los conglomerados de medios hicieron durante los años de vacas gordas en España.

Esto ha significado que los periódicos españoles “realmente han perdido su independencia editorial cuando se trata de hablar de las grandes empresas, especialmente de los bancos”, indica Juan Pedro Velázquez Gaztelu, que hace dos años salió de El País, uno de los principales periódicos españoles, y ahora es el jefe de operación de Alternativas Económicas en Madrid.

“Creo que no ha habido peor época para la libertad de expresión desde la muerte de Franco”, comentó.

En los últimos dos años fueron despedidos los directores de tres periódicos importantes. Su salida se produjo en medio de pérdidas financieras, pero también se dio tras la publicación de reportajes que irritaron al establecimiento político español.

El más conocido de esos directores, Pedro J. Ramírez, ha declarado que su despido de El Mundo fue motivado por su decisión de publicar unos mensajes de texto comprometedores enviados por Rajoy al ex tesorero de su partido, Luis Bárcenas, poco después de que éste fuera encarcelado.


La decisión de Ramírez hizo parte del seguimiento a una investigación que buscaba determinar si los millones de euros acumulados en cuentas en el extranjero por Bárcenas estaban relacionados con un fondo de caja negra operado por el Partido Popular utilizado para enriquecer políticos.

El Mundo, por su parte, afirmó que la salida de Ramírez fue de común acuerdo y tuvo que ver con las pérdidas financieras durante su gestión más que con alguna presión política relacionada con el escándalo Bárcenas.

En octubre, Ramírez creó un sitio de noticias, El Español, financiado con su millonario paquete de liquidación y una campaña de financiamiento colectivo.

En una entrevista, Ramírez aseguró que los periódicos convencionales “ya no están cumpliendo su papel de perro guardián”. Los diarios, indicó, están bajo presiones políticas y empresariales, pero también sufren de grandes restricciones editoriales impuestas por su propia administración.

“Los periódicos ya no están dirigidos por sus jefes, sino por empresarios que están preocupados por la contabilidad y tratan de mantener buenas relaciones con quienes estén en el poder”, afirmó Ramírez, quien ahora trabaja con una docena de ex colegas de El Mundo.

Una de ellas, María Peral, dice que quería nuevos retos tras presenciar el declive de la libertad editorial durante “una crisis que nos obligó a guardar contenido posiblemente perjudicial para nuestros anunciantes o para los bancos con los que estamos endeudados”.

Casimiro García Abadillo, que sucedió brevemente a Ramírez en la dirección de El Mundo, dijo que él también tenía “poco margen de maniobra” como director de uno de los principales periódicos conservadores de España, en el que sigue siendo columnista.

“Hay muchos casos en que los artículos críticos sobre grandes instituciones no se publican o se publican de manera amable”, 
aseguró García Abadillo.

Pablo Casado, legislador conservador y vocero del Partido Popular, afirmó que no estaba al tanto de ninguna queja de 
periodistas por interferencias políticas.


“Yo no veo ningún problema con la prensa en España”, afirmó.

De todos modos, el gobierno ha tomado medidas para reforzar su control sobre RTVE, la empresa pública de radio y televisión. En 2012, el gobierno de Rajoy introdujo una ley que le permite al ejecutivo designar al jefe de RTVE sin el consentimiento de otros partidos políticos.

Aunque la administración niega toda interferencia editorial, Alejandro Caballero Mateos, periodista que preside el comité de redacción de RTVE, enumeró una docena de ejemplos de este año en los que las noticias fueron pasadas por alto o minimizadas deliberadamente por RTVE.

Una de ellas fue la cobertura de un reporte de Amnistía Internacional, en la que RTVE no mencionó las críticas a España, en especial por la ley mordaza. Además, el comité encontró que RTVE ignoró las noticias sobre un posible conflicto de interés entre Cristóbal Montoro, ministro del presupuesto, y los contratos firmados por una compañía que él fundó.

En julio, el comité también encontró que RTVE le restó importancia al reporte de un juez sobre una de las investigaciones de corrupción más grandes en España, que involucra a un grupo de políticos conservadores acusados de negociar sobornos en contratos públicos por 250 millones de euros.

En una respuesta enviada por correo electrónico, RTVE negó cualquier censura. Aunque las críticas a España de Amnistía Internacional no se mencionaron en el noticiero principal de la tarde, RTVE aseguró que se sí se mencionaron en otros 
programas y en su sitio Web.


En la sala de redacción de El País tambié han estallado conflictos. Este diario se estableció como el líder informativo en España a fines de los años setenta, con su cobertura de la transición de la dictadura a la democracia.

El director del periódico, Antonio Caño, recientemente aplastó un intento de la junta editorial de convocar a un voto de confianza sobre su gestión.

En meses recientes, el comité de redacción manifestó sus inquietudes por artículos que fueron alterados o retirados de la página de El País después de su publicación, entre ellos dos artículos relativos a Qatar, según las minutas de las reuniones internas del comité que fueron examinadas por The New York Times.

Prisa, la compañía matriz de El País, ha estado negociando una inversión de una empresa qatarí.

Otros dos artículos se referían a Telefónica, compañía accionista de Prisa y que el año pasado compró sus bienes en televisión, lo que le permitió a Prisa reducir su deuda a 1.900 millones de euros.

Recientemente, Caño afirmó que la deuda de Prisa “de ninguna manera” afectaba el contenido editorial del periódico. Juan Luis Cebrián, presidente ejecutivo de Prisa y fundador de El País, también subrayó la independencia de la sala de redacción. “Lo que se publica es lo que el director de El País quiere que se 
publique”, aclaró.


De todos modos, Caño reconoció que los periodistas españoles trabajan en un país donde “los poderes políticos francamente están muy lejos de Gran Bretaña en términos de aceptar el papel fundamental de los medios”.

Dos periodistas salieron recientemente de El País por una disputa sobre la alteración de un artículo sobre los lazos entre Telefónica y el gobierno.

“Trabajar en El País era el sueño de cualquier periodista español”, aseguró Aguilar, que también es columnista de El País. “Pero ahora hay gente tan desesperada que se está yendo, a veces incluso con la sensación de que la situación ha alcanzado niveles de censura.”

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TEXTO DE UN ESTUDIO DE INTERNATIONAL PRESS INSTITUTE SOBRE LA NECESIDAD DE REFORZAR EN ESPAÑA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

España: Los partidos políticos deben reforzar la libertad de expresión
El informe de la misión internacional encuentra «peligros evidentes para el libre flujo de información»
http://www.freemedia.at/newssview/article/espana-los-partidos-politicos-deben-reforzar-la-libertad-de-expresion.html

Viena, 5 de noviembre de 2015. El próximo Gobierno español debería derogar la controvertida Ley de Seguridad Ciudadana y recuperar la independencia de la RTVE, según un informe elaborado por un grupo de organizaciones internacionales defensoras de la libertad de prensa que se ha publicado hoy.

El grupo pidió además a los partidos políticos que se presentan a las elecciones generales de diciembre que, de ser elegidos, implementen la figura del regulador independiente y específico del sector de los medios audiovisuales, mejoren la transparencia en el área de la publicidad institucional y supervisen que cualquier reforma legal sea llevada a cabo con la debida consideración del efecto disuasorio que pueda tener en la libertad de expresión.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), la Federación Europea de Periodistas (FEP, por sus siglas en inglés) y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Expresión (PDLI), con sede en Madrid, se unieron al Instituto Internacional de la Prensa (IPI, por sus siglas en inglés) en dichas recomendaciones.

Una misión integrada por representantes de alto nivel de las cuatro organizaciones se reunió en junio con miembros de los principales partidos políticos de España antes de las elecciones de este año. La visita se llevó a cabo tras la aprobación de una serie de medidas por parte del actual Gobierno español que los críticos creen que han puesto en peligro la libertad de expresión en el quinto estado más poblado de la Unión Europea.


Aunque destacando que los problemas de España deben ser analizados siempre en comparación con los estándares de sus vecinos europeos, el informe de la misión concluyó que las medidas, entre las que se encuentra la Ley de Seguridad Ciudadana, duramente criticada, «albergan peligros evidentes para el libre flujo de información de interés público».

Un resumen de la misión, elaborado por el IPI, señaló la sorpresa de la delegación internacional al descubrir la brecha entre el punto de vista del Partido Popular, actualmente en el Gobierno, sobre la situación en España de la libertad de expresión y el de los partidos políticos de la oposición, asociaciones de periodistas, organizaciones de la sociedad civil y observadores internacionales.

El portavoz parlamentario del Partido Popular, Rafael Hernando Fraile, insistió en que el actual Gobierno «no había adoptado ninguna medida restrictiva en materia de libertad de expresión».

La Ley de Seguridad Pública, sin embargo, ha sido ampliamente criticada por sus posibles efectos negativos en la libertad de prensa, además de por la PDLI, por parte de todas las principales asociaciones de periodistas de España, el Colegio de Abogados de Madrid, el Consejo General de la Abogacía Española, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, cinco relatores de derechos humanos de la ONU y los principales medios de comunicación internacionales.

Martha Steffens, miembro de la Junta Ejecutiva del IPI y líder de la misión, dijo que el IPI valoraba positivamente que los partidos de la oposición que se reunieron con la delegación se hubiesen comprometido a tomar ciertas acciones en cuestiones clave como la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y la restauración de la independencia de RTVE.

Sin embargo, agregó: «Las libertades de prensa y de expresión no son cuestiones políticas, sino pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática. Los partidos políticos de todas las tendencias deberían implicarse en la protección de estos derechos. Pedimos encarecidamente al partido o partidos que acaben formando el próximo Gobierno español que tengan en cuenta las críticas relevantes procedentes tanto de España como de la comunidad internacional y que adopten las recomendaciones de este informe».


En el informe se observa que las justificaciones que se ofrecieron a la misión sobre las controvertidas decisiones políticas del actual Gobierno a menudo servían para ocultar posibles efectos negativos de mayor gravedad para el libre flujo de información.

Por ejemplo, uno de los miembros del Partido Popular de la Comisión Parlamentaria Mixta que supervisa la corporación pública de radio y televisión española defendió el decreto ley que permite nombrar a los miembros del Consejo de Administración de RTVE con una mayoría parlamentaria simple, en lugar de la mayoría de dos tercios requerida anteriormente, alegando que el cambio se llevó a cabo por motivos de eficiencia. Tras dicho cambio, sin embargo, el canal ha sido constantemente acusado de parcialidad y manipulación de la cobertura informativa, lo que llevó a sus propios periodistas a presentar una denuncia ante el Parlamento Europeo en abril de 2015.

Del mismo modo, los funcionarios del Partido Popular destacaron que el uso de sanciones administrativas en lugar de penales en la Ley de Seguridad Pública era un ajuste positivo que demostraba la preocupación del Gobierno por la libertad de expresión. No obstante, expertos juristas nacionales e internacionales han señalado que este aspecto concreto de la ley es problemático ya que limita la supervisión judicial a la hora de imponer sanciones. En agosto de 2015, el Comité de Derechos Humanos de la ONU criticó explícitamente el «uso excesivo de sanciones administrativas [en la Ley de Seguridad Ciudadana], las cuales excluyen la aplicación de ciertas garantías judiciales».

Otro problema que recoge el informe del IPI es la ambigüedad en la redacción de estas normas y el riesgo que suponen para el ejercicio del periodismo, tal y como alertaba la presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso tras su entrada en vigor: «Esa inseguridad es inaceptable y pone a los periodistas en un limbo jurídico peligroso,» denunciaba, citando como ejemplo el caso de las filtraciones, que podrían ser calificadas de delito de terrorismo.

Tanto el partido del Gobierno como los diversos partidos de la oposición coincidieron en que RTVE, la corporación española de radio y televisión, estaba en crisis. Sin embargo, no estaban de acuerdo en cuanto a qué constituía esa crisis y cómo se había llegado a ella.

Los diputados del Partido Popular indicaron que los problemas de RTVE eran principalmente de naturaleza financiera y sugirió que los motivos se encontraban, en parte, en la prohibición de la publicidad que introdujo el anterior Gobierno socialista. Sin embargo, Germán Rodríguez Sánchez, portavoz del Partido Socialista en la Comisión, respondió: «Los problemas financieros no son la cuestión. La cuestión es la pérdida de imparcialidad y credibilidad».

El informe también insta al Gobierno español a crear un marco regulatorio para los medios comunitarios, como se requería en la ley aprobada en 2010. La inacción del Gobierno en este sentido está siendo en la actualidad objeto de litigio en el Tribunal Supremo español.

La mayoría de los principales partidos políticos de España, entre los que se encuentra Podemos, que actualmente no tiene representación en el Parlamento, accedieron a reunirse con la delegación a lo largo de los tres días que duró la visita en junio, la cual siguió a una misión de investigación que se realizó en diciembre de 2014 de la que se publicó un primer informe en marzo de 2015. Sin embargo, no estuvo disponible ningún funcionario de los ministerios de Justicia, Interior e Industria, ni tampoco de la oficina de la Vicepresidencia del Gobierno.

Además del resumen de la misión y de las recomendaciones conjuntas, el informe también incluye comentarios de expertos juristas independientes que se unieron a la misión, incluyendo a un ex Director de Política Editorial de la BBC. Ambos artículos se publicaron también por separado en julio de 2015.

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